La autoridad judicial sentenció a 70 años de prisión a María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, Estado de México, tras determinar su responsabilidad penal por ordenar al grupo criminal de la Familia Michoacana el asesinato del síndico municipal Miguel Ángel Lara y de su escolta, hechos ocurridos en enero de 2023.
Hace unos días, la ex alcaldesa fue declarada culpable por este doble homicidio, perpetrado mientras se encontraba al frente de la administración municipal.
Exalcaldesa ordenó el doble homicidio
Las investigaciones revelaron que el 25 de enero de 2023 el síndico fue citado a una supuesta reunión en el municipio de Zacazonapan, a la cual acudió acompañado por el chofer del ayuntamiento. De acuerdo con las indagatorias, la instrucción de trasladarse a ese punto provino directamente de su superior jerárquica, quien los envió a una zona considerada de alto riesgo, de donde ambos ya no regresaron.
Un día después, el 26 de enero, los cuerpos de las dos víctimas fueron localizados al interior de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec–Luvianos, a la altura de la comunidad de La Alcantarilla, en el municipio de Zacazonapan. Este hallazgo confirmó el homicidio de los funcionarios y permitió robustecer la carpeta de investigación.
La Fiscalía estableció que el crimen fue cometido por instrucciones de la entonces alcaldesa, quien mantenía conflictos de carácter político con el síndico municipal.
Martínez Robles permaneció en funciones hasta su detención, ocurrida en noviembre de 2024, durante la llamada Operación Enjambre, implementada por la Fiscalía del Estado de México para combatir la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales.
Tras el proceso judicial, la ex funcionaria fue condenada a 70 años de prisión, los cuales deberá cumplir en un penal del Estado de México, además de una reparación del daño por un monto de 207 mil 234 pesos.
Vínculos con la Familia Michoacana
Durante el juicio se acreditó que María Elena Martínez Robles mantenía relaciones directas con integrantes de la Familia Michoacana. Se expuso que el asesinato de los servidores públicos fue solicitado por ella y que previamente sostuvo reuniones con líderes de dicha organización criminal, quienes estaban al tanto de la situación política y administrativa del municipio.
Asimismo, se reveló que existían pagos periódicos al grupo delictivo, que incluían entregas mensuales de hasta 300 mil pesos, así como aportaciones adicionales aprobadas en acuerdos de cabildo, las cuales alcanzaban los 100 mil pesos, destinados al crimen organizado.
