La polémica rodea nuevamente el caso de César D. J., luego de que el Poder Judicial del Estado de Chihuahua admitiera que no ha sido notificado oficialmente sobre su situación jurídica tras su traslado al penal de máxima seguridad CEFERESO No. 1, “El Altiplano”. La falta de información ha generado incertidumbre y versiones encontradas sobre el control y vigilancia de las medidas cautelares impuestas al exmandatario.
Desde el pasado 9 de diciembre, un Juez de Control de Chihuahua solicitó formalmente a una jueza federal datos claros sobre el estatus legal del imputado y la supervisión del brazalete electrónico, sin que hasta ahora exista una respuesta oficial. Mientras tanto, el Poder Judicial estatal recalcó que nadie puede retirar el dispositivo de rastreo sin una orden expresa del juez local, lo que mantiene el proceso en un limbo legal que ha encendido alertas.
A esta controversia se suma la solicitud del director del Altiplano, Luis Fernando Mendoza Castellanos, quien pidió retirar el brazalete al advertir que provoca interferencias en los sofisticados sistemas de seguridad del penal, representando un riesgo para internos, personal y visitantes. El caso exhibe un choque de competencias entre autoridades federales y estatales, mientras el futuro legal de César D. J. continúa envuelto en opacidad.
