La justicia de El Salvador, país donde el presidente Nayib Bukele mantiene una ofensiva directa contra las pandillas, dictó sentencias de cientos de años de prisión contra decenas de integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), incluyendo una condena superior a mil años, informó este domingo 21 de diciembre la Fiscalía General.
Detalles de las detenciones
Desde marzo de 2022, el gobierno de Bukele impulsa el combate a las pandillas bajo un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. De acuerdo con cifras oficiales, más de 90 mil personas han sido arrestadas, aunque alrededor de 8 mil fueron liberadas tras comprobarse su inocencia.
La Fiscalía señaló en la red social X que 248 miembros de la MS-13 recibieron condenas calificadas como “ejemplares” por su responsabilidad en 43 homicidios y 42 desapariciones, además de otros delitos. No se precisó la fecha exacta de las sentencias ni si corresponden a procesos judiciales colectivos.
Entre las penas impuestas destaca la de un pandillero sentenciado a mil 335 años de cárcel. Otros diez recibieron castigos que van de los 463 a los 958 años de prisión, según el informe oficial.
Combate al crimen organizado
Las autoridades judiciales detallaron que los delitos atribuidos a estos integrantes de la MS-13, cometidos entre 2014 y 2022, incluyen el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, así como múltiples casos de extorsión a comerciantes, invasión de viviendas y tráfico de drogas.
Asimismo, se indicó que la pandilla estableció bases en distintos puntos de la provincia de La Libertad, las cuales eran utilizadas para planear actividades delictivas. De acuerdo con la Fiscalía, las extorsiones obligaron a varios comerciantes a cerrar sus negocios ante el temor por las amenazas recibidas.
La estrategia de Bukele ha logrado reducir los homicidios a cifras históricas en El Salvador; sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado el enfoque al denunciar presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
A mediados de diciembre, familiares de personas detenidas que aseguran su inocencia solicitaron a la Corte Suprema declarar inconstitucional el régimen de excepción. La organización Socorro Jurídico Humanitario reporta que desde 2022 han fallecido 454 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios del país.
Pese a las críticas, varios gobiernos de la región han manifestado su intención de replicar el modelo salvadoreño. Recientemente, Bukele acordó compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien analiza la construcción de una prisión similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), considerada uno de los principales símbolos de la estrategia contra las pandillas.
