A casi un mes de su detención, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, permanece tras las rejas del penal del Altiplano, mientras el cerco judicial en su contra se estrecha. Acusado de lavar 96 millones de pesos provenientes de las arcas estatales, el exmandatario continúa en prisión preventiva, en tanto su defensa alista un recurso de amparo para intentar frenar el proceso federal que lo mantiene recluido en una de las cárceles de mayor seguridad del país.
El 9 de diciembre, Duarte compareció ante un juez de control, quien le notificó formalmente los cargos por lavado de dinero y, días después, el 13 de diciembre, ordenó su vinculación a proceso. La Fiscalía General de la República sostiene que el exgobernador participó en un entramado financiero diseñado para ocultar recursos de origen ilícito mediante el sistema bancario mexicano, una acusación que se suma al expediente estatal que enfrenta en Chihuahua por peculado y asociación delictuosa.
Mientras la defensa insiste en que se trata del mismo caso por el cual ya es juzgado a nivel local, la FGR refuerza su ofensiva legal tras recibir, el pasado 4 de diciembre, la autorización de Estados Unidos para proceder penalmente también por lavado de dinero. Con la orden de aprehensión emitida desde mayo de 2024, el caso Duarte avanza entre disputas legales, recursos judiciales y una presión creciente que mantiene al exgobernador lejos de la libertad.
