Apenas horas después de ser enviados a prisión, los cinco acusados por el ataque mortal contra policías estatales denunciaron amenazas dentro del Cereso 3 y pidieron protección urgente para evitar nuevas agresiones tras su ingreso al penal.
En audiencia, los señalados solicitaron vigilancia especial y revisiones médicas constantes, mientras el juez confirmó su proceso penal y estableció un plazo de seis meses para fortalecer la investigación del caso.
La situación encendió alertas sobre la seguridad interna del penal, donde los acusados permanecerán hasta por 24 meses, en medio de un entorno marcado por el temor y la tensión entre internos.
