La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el gobierno impulsará una amnistía general para las personas consideradas presos políticos que han sido detenidas en el país desde 1999 hasta la actualidad. El anuncio se realizó durante su participación en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y se estima que la medida podría beneficiar a cientos de personas privadas de la libertad.
La propuesta surge luego de que, el pasado martes 27 de enero, organizaciones como Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad sostuvieran una reunión con autoridades gubernamentales, en la que presentaron un proyecto de Ley de Amnistía integrado por 12 artículos. Hasta el momento, no se ha confirmado si dicho documento será el que se utilice como base para el proceso de excarcelación.
Durante el acto de inicio del año judicial, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez informó que la iniciativa contempla todo el periodo marcado por hechos de violencia política desde 1999. Asimismo, indicó que la propuesta será enviada a la Asamblea Nacional con el objetivo de fomentar la convivencia y el respeto en el país.
La mandataria hizo un llamado a evitar la violencia y la venganza, y señaló que esta decisión habría sido dialogada con el presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con el diario El País, la aprobación de esta ley permitiría eliminar las causas penales de las personas beneficiadas, lo que representaría un avance mayor frente a las liberaciones previas, las cuales mantenían medidas cautelares como prohibiciones de salida del país o presentaciones periódicas ante autoridades.
Rodríguez aclaró que la amnistía no aplicará para personas condenadas por homicidio, delitos relacionados con drogas u otras faltas de carácter común. Durante su intervención, recordó que su padre, Jorge Rodríguez, fue preso político y falleció en 1976 tras haber sido sometido a tortura, lo que, afirmó, refuerza su compromiso con la Constitución y la justicia.
Por su parte, representantes de organizaciones civiles explicaron que el proyecto de ley presentado contempla beneficiar a activistas sociales, periodistas, militares y personas detenidas en el contexto de movilizaciones postelectorales, excluyendo a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos. También se propone la creación de un mecanismo de seguimiento con la participación de instituciones como la Iglesia, universidades y representantes internacionales.
Cabe recordar que, a principios de enero, las autoridades venezolanas anunciaron la liberación de un número indeterminado de personas detenidas. Según la organización Foro Penal, hasta el 25 de enero se contabilizaban cerca de 800 presos políticos en el país, de los cuales al menos 266 habían sido liberados. En contraste, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que se ha excarcelado a más de 800 personas y negó la existencia de presos políticos en Venezuela.
