La detención del alcalde de Tequila destapó una red de presuntos pactos criminales con el Cártel Jalisco Nueva Generación, grupo al que Diego Rivera Navarro habría prometido 40 millones de pesos anuales y al que se refería como su autoridad superior.
Denuncias incluidas en la orden de aprehensión señalan que el edil y parte de su gabinete operaban extorsiones, cobro de piso y secuestros, utilizando el poder municipal para presionar a comerciantes y empresarios. Testimonios afirman que Rivera presumía el respaldo del CJNG para imponer pagos y castigar a quienes se negaban.
El operativo federal derivó en la captura de funcionarios clave y dejó prófugos a otros colaboradores cercanos, mientras la seguridad del municipio quedó bajo control estatal. La administración del alcalde ya arrastraba señalamientos por abusos de poder y conflictos con sectores empresariales y sociales.
