El canciller peruano Hugo de Zela anunció este lunes 3 de noviembre que el gobierno de Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México, luego de que la ex primera ministra Betssy Chávez recibiera asilo en la embajada mexicana ubicada en Lima.
Betssy Chávez fue detenida en 2023 y es investigada por presunta conspiración contra el Estado y por participar en el intento de autogolpe encabezado por el entonces presidente Pedro Castillo.
En un comunicado oficial, el canciller afirmó:
“La ex primera ministra Betssy Chávez, señalada como presunta coautora del golpe de Estado que el expresidente Pedro Castillo intentó ejecutar, permanece asilada en la residencia de la embajada de México. Ante este gesto considerado hostil, y tras las repetidas intervenciones del actual y anterior gobierno mexicano en asuntos internos del Perú, se tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con México”.
Las relaciones diplomáticas son vínculos formales entre naciones basados en el derecho internacional, y se establecen mediante representación oficial entre ambos países.
Hugo de Zela también recordó que en 2022, durante el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, México habría intentado “crear una realidad paralela” respecto a los hechos ocurridos en Perú.
Contexto del conflicto entre México y Perú
La tensión bilateral comenzó tras la destitución de Pedro Castillo, luego de que intentara disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción. La Fiscalía y las Fuerzas Armadas rechazaron la maniobra, y Castillo fue detenido antes de llegar a la embajada mexicana, donde presuntamente buscaría solicitar asilo. Tras su arresto, Dina Boluarte asumió la presidencia.
Días después, el 20 de diciembre de 2022, el gobierno peruano declaró “persona non grata” al embajador mexicano Pablo Monroy Conesa, debido a declaraciones de autoridades mexicanas sobre la crisis política peruana. Se le otorgaron 72 horas para abandonar el país, y salió al día siguiente del aeropuerto Jorge Chávez.
Ese mismo día, la esposa de Castillo y sus dos hijos viajaron a México, donde recibieron asilo político otorgado por el Instituto Nacional de Migración.
Posteriormente, la tensión aumentó cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó “usurpadora” a Dina Boluarte y afirmó que no la reconocía como mandataria legítima.
