El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue una operación planeada y coordinada por mensajes de chat, reveló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A partir de cámaras, análisis telefónico y conversaciones entre los agresores, la autoridad reconstruyó cómo se organizó el ataque.
Según el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, el presunto autor intelectual, Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, daba órdenes directas y presionaba a los ejecutores. Es identificado como líder de una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. Los mensajes muestran un sistema interno de vigilancia: los participantes debían enviar pruebas constantes sobre los movimientos del alcalde.
Manzo, de 40 años, fue atacado el 1 de noviembre mientras asistía al festival de Día de Muertos. Recibió siete disparos y murió en un hospital. El tirador, de 17 años, cayó abatido por la seguridad del propio alcalde. Los mensajes entre los criminales permiten trazar el seguimiento previo, la confirmación de ubicación —incluida una transmisión en vivo del alcalde— y la ejecución del ataque.
Días después, los cuerpos de dos participantes, Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, aparecieron en una carretera. Sus propios teléfonos, recuperados después, contenían videos, rutas de escape y las instrucciones que habían recibido, convirtiéndose en la pieza clave del caso.
Con esta evidencia, autoridades federales y estatales detuvieron el 18 de noviembre a El Licenciado en Morelia, junto con armas, droga y equipos telefónicos. El Gobierno federal afirma que la captura golpea a una estructura responsable de extorsiones y reclutamiento de jóvenes.
El caso exhibe un nuevo patrón de violencia política en México: homicidios organizados digitalmente, mediante chats, videos en tiempo real y órdenes para borrar mensajes tras cada acción.
La ejecución provocó indignación nacional y protestas masivas contra la violencia. Tras los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, que contempla más de 10 mil agentes federales y programas sociales para intentar contener la crisis en la región.
