Luego del cateo y clausura del bar “Lupe Lupe” el pasado 17 de octubre, nuevas denuncias indican que los responsables continuaban operando con sobornos a diversas autoridades, incluyendo la Dirección de Gobernación y mandos policiales, para mantener su negocio de explotación de menores y venta de drogas aparentemente impune. La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) continúa ampliando la investigación.
De acuerdo con reportes anónimos recientes, los dueños del establecimiento habrían continuado ofreciendo a menores de 16 años en un “privado” a cambio de miles de pesos, mientras mantenían a las jóvenes bajo condiciones de coerción y violencia. Además, se señala que individuos armados custodiaban el lugar, reforzando la impresión de que se trataba de un bar manejado por una estructura criminal organizada que presuntamente pretendía mantenerse intocable.
Autoridades estatales señalaron que las investigaciones avanzan y que se invita a la ciudadanía a presentar cualquier información adicional que permita identificar a los responsables y a los funcionarios que habrían recibido pagos indebidos. La FEM mantiene el caso abierto, con seguimiento cercano a la fiscalía y medidas precautorias para proteger a las posibles víctimas y esclarecer la magnitud de la operación ilícita.
