Sin terminar de escuchar a los inconformes, agricultores, empresarios y civiles, quedó aprobada en lo general, con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, la Ley de Aguas. Esta normativa reconoce el derecho humano al agua, prohíbe su acaparamiento y establece sanciones de hasta ocho años de prisión para quienes cometan delitos contra las aguas nacionales.
Aunque la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, se pronunció en contra del trámite acelerado del dictamen, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados lo avaló con dispensa de todos los procesos legislativos.
El proyecto incorpora más de 50 modificaciones para atender demandas de organizaciones campesinas, y el líder de la fracción morenista, Ricardo Monreal, anunció que se podrían introducir más ajustes en la discusión en lo particular.
La Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, establecen que todas las personas gozarán del derecho humano al agua, y que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al acceso a este recurso.
Aunque se incluyó una disposición para que los productores agrícolas puedan vender o heredar sus concesiones de agua, previa autorización de la autoridad correspondiente, la bancada priista consideró que esta modificación contradecía la legislación vigente, que impide la transmisión de los derechos de las concesiones.
El dictamen aprobado crea un capítulo de delitos contra las aguas nacionales que serán perseguidos de oficio. Las penas incluyen de tres meses a cinco años de prisión para quienes alteren, desvíen u obstruyan cauces, corrientes o flujos de agua sin autorización, poniendo en riesgo la vida de las personas, sus bienes o los ecosistemas.
Se exceptúa de estas sanciones a quienes usen el agua para fines personales, domésticos o agropecuarios familiares. Además, se contempla hasta ocho años de prisión para servidores públicos o usuarios que obtengan concesiones mediante dádivas o corrupción.
Principales cambios en la Ley de Aguas
Entre los cambios destacados está el derecho de los propietarios a vender o heredar tierras con la concesión de agua correspondiente, atendiendo las solicitudes de los productores agrícolas. La autoridad del agua deberá resolver la reasignación de volúmenes en un máximo de 20 días hábiles en casos de transmisión de propiedad, fusión o escisión de sociedades, o derechos sucesorios.
Asimismo, se renombra el capítulo “Delitos Hídricos” como “Delitos contra las Aguas Nacionales” y se ajustan las penas previstas. Sin embargo, la ley mantiene aspectos innegociables, como garantizar el derecho humano al agua, evitar su acaparamiento y regular las concesiones.
Objetivo de la nueva Ley de Aguas
Efraín Morales López, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que la iniciativa busca garantizar el agua como derecho humano, recuperar la rectoría estatal sobre las aguas nacionales y eliminar la posibilidad de que sea tratada como mercancía.
“Con esta ley, el agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho humano y bien estratégico para el desarrollo del país”, afirmó Morales López el 26 de noviembre.
De aprobarse, la norma transformaría la forma en que se otorgan, gestionan y supervisan las concesiones de agua, generando expectativas de justicia hídrica, pero también preocupación entre sectores agrícolas que dependen del riego.
