La nueva presentación de César Duarte ante un juez federal encendió la polémica, luego de que la Fiscalía General de la República lo detuviera nuevamente usando el mismo expediente de 2022, un caso que ya había sido procesado y judicializado por autoridades estatales. Pese a que la FGR asegura que ahora enfrenta cargos por lavado de dinero, su defensa sostiene que se trata de una copia disfrazada del viejo proceso por 96.6 millones de pesos.
Abogados del exgobernador acusaron abiertamente que la nueva orden de aprehensión, emitida en mayo de 2024, es un montaje jurídico reciclado que reúne exactamente los mismos hechos por los que Duarte fue detenido en Miami, extraditado en 2022 y vinculado a proceso en Chihuahua. Señalan que la fiscalía federal simplemente rebautizó el caso como “lavado de dinero” para sostener una acusación que en realidad corresponde a la causa penal 3041/2019, ya activa desde hace años.
La defensa advierte que esta maniobra apunta claramente a mantener a Duarte tras las rejas a toda costa, pese a que legalmente podría llevar el proceso en libertad. Aseguran que la reutilización del expediente estatal no solo viola el debido proceso, sino que demuestra un posible interés político en prolongar su encarcelamiento mediante cargos repetidos y estrategias judiciales recicladas.
