A 990 días de la tragedia migratoria que estremeció a Ciudad Juárez, organizaciones de derechos humanos denunciaron que la justicia continúa estancada, incompleta y llena de omisiones, mientras las víctimas siguen esperando lo que el Estado no ha cumplido. En pleno Día Internacional de los Derechos Humanos, DHIA, FJEDD e IMUMI advirtieron que ni las 15 mujeres sobrevivientes, ni las familias de los 27 heridos y los 40 fallecidos han recibido reconocimiento pleno como víctimas, mucho menos reparación. A casi tres años, afirmaron, el caso permanece abierto, enredado y sin avances contundentes.
Las agrupaciones señalaron que, pese a la magnitud del incendio, los siete procesos penales avanzan lentamente y entre señalamientos de desigualdad, pues mientras a algunos imputados se les acusa de homicidio y lesiones, el excomisionado del INM enfrenta un proceso más suave, basado únicamente en ejercicio ilícito del servicio público. Incluso la disculpa pública ofrecida en septiembre —criticada por las víctimas como un acto frío y burocrático— fue considerada solo una pieza menor dentro del cumplimiento a medias de las medidas ordenadas. La revisión de las reparaciones está prevista hasta septiembre de 2026, un plazo que organizaciones califican como una burla para quienes perdieron a sus seres queridos.
También denunciaron que la demanda de responsabilidad patrimonial del Estado sigue en su primera etapa, sin incluir a todas las víctimas y sin respuesta formal del INM, lo que confirma, dijeron, una indolencia oficial que prolonga el sufrimiento de las familias. Las organizaciones advirtieron que la verdad, la justicia y la reparación integral siguen siendo una deuda monumental del Estado mexicano. En este Día de los Derechos Humanos —subrayaron— queda claro que el caso Juárez continúa marcado por la impunidad, el abandono y la falta de voluntad real para garantizar que una tragedia así no vuelva a repetirse.
