Los retenes instalados por la Fiscalía General de la República en la carretera 45 se han convertido en un verdadero tormento para paisanos y viajeros, quienes denuncian haber sido víctimas de presuntas extorsiones disfrazadas de revisiones “oficiales”. Según los testimonios entregados al alcalde de Delicias, Jesús Valenciano, los agentes habrían llegado a exigir hasta 200 dólares o transferencias bancarias completas, en operativos que cambian de ubicación para evitar la atención pública.
Los afectados narran revisiones humillantes: fotografías a documentos personales, apertura total de maletas y detenciones prolongadas que, según expresan, nadie se atreve a denunciar por miedo a represalias, ya que los mismos agentes registran teléfonos e identificaciones. Aseguran que, tras hacerse público el primer retén, éste fue movido a otro tramo para continuar operando lejos de los reflectores. La FGR respondió con un oficio exigiendo nombres y datos de víctimas en menos de 24 horas, lo que desató aún más inquietud entre los pobladores.
Mientras las autoridades federales “revisan” el caso, los reportes siguen creciendo y pintan un mismo panorama: retenes que aparecen y desaparecen, cobros ilegales disfrazados de inspecciones y viajeros que temen transitar por la carretera. Incluso el Gobierno del Estado expresó preocupación por la multiplicación de puntos de revisión y la sospecha de abusos en plena temporada de regreso de paisanos. Para muchos, lo que debería ser un operativo de seguridad se ha convertido en una pesadilla en carretera.
