La tormenta legal alrededor de César Duarte volvió a encenderse, y esta vez con más fuerza: la Fiscalía General del Estado permanece prácticamente “atada de manos” mientras espera que se resuelva el amparo con el que la defensa del exgobernador ha frenado, una vez más, el avance de una nueva acusación millonaria. El recurso legal se ha convertido en un verdadero escudo que mantiene en suspenso la posibilidad de proceder penalmente en su contra.
La segunda causa por peculado agravado —por un impacto económico de 120 millones de pesos— se mantiene paralizada desde agosto de 2023, pese a que la Fiscalía ya había documentado una serie de pagos a la empresa Kepler Soluciones Integrales, supuestamente autorizados entre abril y julio de 2015. Transferencias de 10, 30 y hasta 40 millones de pesos forman parte de este entramado financiero que, según el Ministerio Público, fue avalado por un funcionario del círculo cercano del entonces gobernador. Sin embargo, la defensa insiste en que Duarte sólo puede ser juzgado por un caso previo de peculado por 96.6 millones, según los límites impuestos durante su extradición.
Aunque la FGR logró recientemente otra orden de aprehensión amparada por autorización de Estados Unidos, la Fiscalía estatal reveló que dicho permiso cubre únicamente la causa 142/2024, dejando congeladas las demás órdenes que buscan responsabilizar al exmandatario. Así, el caso sigue atrapado en una maraña jurídica mientras Duarte continúa esquivando nuevos procesos, pendiente únicamente de que un juez federal decida si su amparo cae… o si sigue blindándolo de toda acción penal.
