El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un tribunal federal de apelaciones que frene una investigación por desacato contra el gobierno del presidente Donald Trump, derivada de la negativa a regresar a territorio estadounidense aviones que trasladaban a migrantes venezolanos a El Salvador en marzo pasado.
Además, la dependencia pidió que el juez principal del caso, James Boasberg, sea apartado del proceso, al acusarlo de encabezar una supuesta “campaña radical, vengativa e inconstitucional” en contra de la administración republicana.
La petición representa una escalada en el prolongado conflicto entre el Departamento de Justicia y Boasberg, juez designado durante el mandato del expresidente Barack Obama, y anticipa un choque sobre el papel del Poder Judicial como contrapeso frente a una administración que, según señalamientos, ha rebasado los alcances de las órdenes judiciales.
El Departamento de Justicia busca que el Tribunal Federal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia resuelva sus solicitudes antes del lunes 15 de diciembre, fecha en la que está programado que Boasberg escuche el testimonio de un ex abogado del gobierno que presentó una denuncia por presuntas irregularidades.
Funcionarios del departamento sostienen que el juez actúa con parcialidad y que el proceso se ha convertido en “un circo” que pone en riesgo la separación de poderes y el privilegio entre abogado y cliente. En sus escritos, argumentaron que las audiencias se asemejan a una “expedición de pesca” sin un propósito legítimo para esclarecer hechos relevantes.
Por su parte, Boasberg ha señalado que un fallo reciente del tribunal de apelaciones le otorgó facultades para continuar con la investigación por desacato, con el fin de determinar si existen elementos suficientes para turnar el caso a un proceso penal. El juez ha indicado que el gobierno de Trump pudo haber actuado “de mala fe” al acelerar la salida de migrantes venezolanos, pese a una orden judicial que bloqueaba su deportación a El Salvador.
En una resolución emitida el 16 de abril, Boasberg afirmó que otorgó a la administración múltiples oportunidades para justificar o corregir sus acciones, pero concluyó que las respuestas recibidas no fueron satisfactorias. En ese contexto, subrayó que la Constitución no permite la desobediencia deliberada de las órdenes judiciales, en especial por parte de funcionarios que han jurado defenderla.
La administración Trump ha rechazado haber violado alguna disposición legal y sostiene que la instrucción del 15 de marzo para regresar los aviones fue expresada de manera verbal en audiencia, pero no quedó asentada en la orden escrita. En meses previos, Trump solicitó el juicio político del juez y el Departamento de Justicia presentó una queja por conducta inapropiada en su contra.
En redes sociales, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, acusó a Boasberg de incurrir en “activismo judicial sin ley” y aseguró que la ofensiva contra el gobierno no prosperará. A pesar de ello, el juez mantuvo las audiencias programadas para los días 15 y 16 de diciembre, en las que comparecerán un ex abogado del Departamento de Justicia y la fiscal general adjunta, Drew Ensign.
Finalmente, Boasberg rechazó posponer las diligencias y recalcó que el caso no es un ejercicio teórico, al señalar que cerca de 137 hombres fueron expulsados del país sin audiencia y enviados a una prisión de alta seguridad en El Salvador, pese a la orden judicial que impedía su desembarco.
