Este domingo 14 de diciembre por la mañana se reanudó la audiencia de imputación en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien enfrenta acusaciones por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mientras se define su situación jurídica, el exmandatario permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
La audiencia se desarrolla en los juzgados federales del Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, donde la jueza María Jazmín Ambriz López determinará si Duarte es vinculado o no a proceso por un presunto lavado de dinero que asciende a 73 millones 925 mil pesos.
Durante la diligencia, el equipo legal del exgobernador, integrado por Carlos Ríos Peralta, Edith Muñoz Palacios y Dolores Meza Quiroz, sostuvo que la Fiscalía General de la República no cuenta con pruebas suficientes y acusó una presunta persecución política en su contra.
En la audiencia previa, la FGR solicitó la prisión preventiva al argumentar riesgo de fuga, señalando que Duarte contaría con una red de apoyo creada durante su administración que podría facilitar su evasión. La jueza coincidió en que dicha estructura representaría un riesgo elevado para la acción de la justicia.
La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que el Gobierno de Estados Unidos autorizó el pasado 4 de diciembre ampliar el proceso penal contra Duarte por delitos distintos a aquellos por los que fue extraditado, lo que permitió a la FGR proceder con esta nueva acusación.
La defensa, por su parte, argumentó que los recursos señalados forman parte de un mismo caso por el que Duarte ya enfrenta un proceso en Chihuahua y del cual fue absuelto en la vía administrativa, por lo que consideran improcedente la imputación federal.
