La incertidumbre volvió a rodear el caso del exgobernador César Duarte luego de su traslado al penal federal de máxima seguridad “El Altiplano”, pues el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua aseguró que, hasta ahora, nadie les ha informado oficialmente cuál es su situación legal. El silencio institucional ha encendido especulaciones y dudas sobre el control real de las medidas cautelares impuestas al exmandatario.
Mientras desde el centro penitenciario federal se filtró que el brazalete de localización de Duarte estaría causando interferencias en los sistemas del penal, el TSJ dejó claro que ninguna autoridad puede retirarlo sin una orden judicial emitida en Chihuahua. A pesar de que desde el 9 de diciembre se solicitó información formal a una jueza federal, la respuesta sigue sin llegar, prolongando el limbo legal del exgobernador.
Ante este escenario, el Tribunal señaló que permanece a la espera de una notificación oficial para determinar si se convoca o no a una audiencia para revisar las medidas cautelares. La falta de comunicación entre instancias federales y estatales mantiene el caso envuelto en opacidad, mientras el traslado de Duarte sigue generando más preguntas que respuestas.
