El escándalo volvió a sacudir a la Guardia Nacional, luego de que salieran a la luz una serie de casos que exhiben un oscuro historial de delitos atribuidos a elementos y exelementos de la corporación en Chihuahua. El reciente homicidio en Riberas del Sacramento no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de episodios que incluyen ejecuciones, violaciones y presuntos vínculos con el crimen organizado, y que han puesto bajo la lupa el actuar de quienes juraron proteger a la ciudadanía.
Entre los casos más indignantes se encuentra la muerte de Jessica Silva durante la llamada “Guerra del Agua” en 2020, así como la violación de una mujer dentro del aeropuerto de Ciudad Juárez en 2022, presuntamente cometida por un elemento activo. A estos hechos se suma la ejecución de dos jóvenes en Jiménez en 2023, quienes murieron tras una persecución y disparos de agentes federales, un caso que dejó a familias marcadas y a la corporación envuelta en señalamientos por encubrimiento y alteración de la escena.
La lista se agrava con la detención de exmilitares y desertores de la Guardia Nacional ligados a un grupo criminal tras un ataque armado en Villa Matamoros, evidenciando cómo algunos uniformados cruzaron la línea y terminaron del lado del crimen. Estos episodios han alimentado la desconfianza social y la percepción de que, en algunos casos, el uniforme no ha sido garantía de legalidad, sino sinónimo de abuso, impunidad y traición a la ley.
