Un juez federal ordenó la prisión preventiva en contra de Eduardo Enrique Gómez García, ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y cercano a Genaro García Luna.
El ex funcionario, capturado en el estado de Puebla, enfrenta acusaciones por delincuencia organizada con el propósito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó la imputación correspondiente. Ante ello, la defensa de Eduardo “N” solicitó la duplicidad del plazo constitucional para que se determine su situación jurídica.
De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría intervenido en la firma de contratos irregulares para el equipamiento de centros penitenciarios, cuyo daño al erario se calcula en 5 mil 112 millones de pesos. La FEMDO señaló que, entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, cuando se desempeñaba como servidor público, presuntamente suscribió de manera ilícita contratos de servicios para distintos Centros Federales de Readaptación Social, los cuales estaban bajo la responsabilidad de otro ex funcionario.
La Fiscalía General de la República subrayó que Eduardo “N” debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial.
Como se informó previamente, la detención se llevó a cabo el miércoles 7 de enero en Izúcar de Matamoros, Puebla, por elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con personal de la Agencia de Investigación Criminal y del gabinete de seguridad.
Un día antes, Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, dio a conocer la captura del ex funcionario vinculado con el ex secretario de Seguridad Pública.
En el mismo expediente relacionado con Genaro García Luna, recientemente también fueron detenidos Jesús Alberto Caballero Tardaguila y María Vanesa Pedraza Madrid. Caballero Tardaguila fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como peculado. En su caso, el juez determinó prisión preventiva oficiosa, la cual cumple en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México, además de establecer un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
Por su parte, María Vanesa Pedraza Madrid también fue vinculada a proceso por los probables delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, motivo por el cual se le impuso prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en el estado de Morelos.
