Una funcionaria municipal de Santa Bárbara usó dinero público para pagar su propia casa y terminó con una sanción ejemplar. La Auditoría Superior del Estado descubrió que la servidora pública infló las cuotas de su crédito Infonavit y dejó que el municipio cubriera la diferencia, logrando un beneficio personal superior a los 91 mil pesos.
La irregularidad salió a la luz tras la revisión de las cuentas públicas de 2021 y 2022, donde se detectó que la funcionaria, encargada precisamente de las aportaciones al Infonavit, manipuló los pagos a su favor. El dinero no salió de su salario, sino directamente de las arcas municipales, lo que encendió las alertas por daño patrimonial.
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa resolvió el caso con mano dura: diez años fuera del servicio público y una sanción económica que supera el doble del monto desviado. El mensaje fue claro: el cargo público no es una caja personal.
