El proceso judicial por el incendio ocurrido en la tienda Waldo’s en Sonora ha sufrido múltiples aplazamientos y, hasta ahora, las personas imputadas no han sido vinculadas a proceso. Esta situación se debe a la complejidad del caso y al análisis minucioso que requieren los expedientes, informó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rafael Acuña Griego.
El magistrado explicó que las constantes ampliaciones y suspensiones de las audiencias obedecen a la gran cantidad de pruebas que integran el caso, lo que ha provocado sesiones extensas. Señaló que, en todo momento, los jueces han priorizado el respeto al derecho de defensa de los señalados.
Acuña Griego detalló que se trata de un asunto altamente complejo, en el que intervienen distintas partes: por un lado, la fiscalía, que representa los intereses de la sociedad, y por otro, los imputados, quienes ejercen su derecho a defenderse. En este contexto, los jueces buscan garantizar un proceso justo para personas acusadas de delitos derivados de una tragedia de gran impacto.

Más pruebas en audiencia
Cabe recordar que el lunes se reanudó la audiencia de los nueve imputados, la cual se ha extendido durante varios días sin que hasta el momento se haya definido su situación legal. De acuerdo con información oficial, este miércoles se continuó con el desahogo de pruebas y, posteriormente, el juez deberá resolver si los acusados serán o no vinculados a proceso.
Señalamientos de la autoridad
Entre las presuntas irregularidades atribuidas a empresarios y trabajadores del establecimiento se encuentran la falta de mantenimiento desde 2022, la omisión de atender advertencias técnicas, la ausencia de un reglamento interno de Protección Civil, permitir el acceso al público pese a condiciones de riesgo y la supuesta presentación de un dictamen falso.
Reclamos de las víctimas
El pasado 29 de diciembre, familiares de las víctimas del incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo solicitaron que se revise la actuación del juez del caso, al considerar arbitraria la decisión de liberar a siete personas detenidas por su presunta relación con el siniestro que dejó 25 personas fallecidas en noviembre.
Ricardo Ballesteros López, asesor legal de cuatro víctimas, indicó que el Tribunal de Disciplina Judicial deberá intervenir. Además, señaló que durante la primera audiencia los imputados argumentaron no contar con la carpeta de investigación, lo que contribuyó a retrasar el desarrollo del proceso.
