Las autoridades estatales continúan bajo fuerte presión pública tras la muerte de Vela Yasmín S.P., la estudiante de 14 años que cayó de un camión de transporte privado contratado por la Secundaria Federal No. 7. A pesar de que el Gobierno insiste en reforzar las inspecciones del transporte público, crece la indignación al confirmarse que la unidad involucrada ni siquiera pertenecía a las rutas oficiales, lo que ha encendido cuestionamientos sobre la supervisión real de los servicios contratados por instituciones educativas.
En esta nueva fase de la investigación, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, reveló que una de las líneas más sólidas apunta a un forcejeo dentro del vehículo que habría provocado que la menor cayera por una de las puertas. La versión ha levantado aún más polémica, pues padres de familia consideran inadmisible que un camión con estudiantes circulase sin los debidos controles de seguridad que impidieran que una puerta pudiera abrirse en plena marcha.
Mientras la Fiscalía profundiza en los peritajes y entrevistas a testigos, el Gobierno asegura que ya se han “redoblado” las inspecciones al transporte, aunque la ciudadanía insiste en que las medidas llegaron tarde. La tragedia continúa generando incertidumbre, y se espera que en los próximos días se revelen más elementos que clarifiquen el caos y las omisiones que rodearon los momentos previos al fatal accidente.
