En un episodio que desató indignación y fuertes sospechas sobre una presunta operación política para proteger al exgobernador Javier Corral Jurado, la Fiscalía Federal de la República intentó irrumpir de manera sorpresiva en el proceso por peculado de 98.6 millones de pesos, buscando atraer los expedientes integrados por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. La acción —calificada como “ilegal” y “sin sustento” por autoridades estatales— encendió las alarmas, pues se habría realizado sin acuerdo formal firmado por el fiscal Alejandro Gertz Manero, generando la percepción de un intento por bloquear la justicia.
El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, conocido como “El Bayo”, reveló que la maniobra ocurrió pese a que un juez de Chihuahua ya había emitido orden de aprehensión contra Corral antes de que asumiera su cargo como senador. Esa orden, así como las negativas de suspensión en los juicios de amparo, habían confirmado la legalidad del proceso. “El show” ocurrido en un restaurante de Ciudad de México durante la fallida detención del exmandatario volvió a ser recordado como parte del entramado que ha rodeado este caso, en el que también figuran personajes como el exsecretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes Vélez.
Finalmente, el intento de atracción fue frenado por autoridades federales al resolverse un conflicto competencial que ratificó la jurisdicción del juez local, cerrando la puerta a lo que fue interpretado como un intento de “salida limpia” para el exgobernador. Con esta resolución, Corral deberá continuar enfrentando el proceso, con restricciones para abandonar el país y con una solicitud de desafuero vigente. “Nadie está por encima de la ley”, recalcó El Bayo, asegurando que, independientemente del tiempo que pase, el delito de peculado no prescribe y el exmandatario deberá responder ante la justicia.
