En una jornada marcada por la tensión y el descontento rural, el líder campesino Eraclio “Yako” Rodríguez salió de una reunión en la Secretaría de Gobernación anunciando un giro radical en la operación del agua en México. Según declaró, el Gobierno Federal cedió ante las presiones del sector agrícola y abrió la puerta a cambios drásticos en las concesiones y el control del recurso, lo que podría alterar por completo la forma en que se ha manejado el agua en el país durante décadas.
El Yako aseguró que el acuerdo contempla privilegios inéditos para agricultores y para los pozos de agua potable, cuyos títulos serán expedidos incluso en zonas donde los acuíferos ya están al borde del colapso. Afirmó que todas las propuestas del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano quedaron plasmadas y ahora los diputados tendrán que lidiar con la presión política de convertirlas en ley. Lo dicho por Rodríguez desató sorpresa, pues implica un quebrantamiento inmediato de reglas que antes parecían intocables.
Tras el acuerdo, la Segob anunció que los grupos manifestantes comenzaron a liberar las carreteras, luego de días de caos y bloqueos que paralizaron a miles de ciudadanos. Para contener el conflicto, el Gobierno se vio obligado a instalar tres mesas urgentes: una para frenar la violencia en carreteras, otra para aclarar las polémicas reformas del agua y una más para intentar apagar el creciente malestar del campo mexicano. El mensaje fue claro: las autoridades cedieron para evitar que la crisis explotara aún más.
