Donald Trump busca que el Departamento de Justicia le otorgue 230 millones de dólares como compensación por las investigaciones federales en su contra, incluyendo la pesquisa sobre la posible interferencia rusa en 2016 y el caso de documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago.
Entre 2023 y 2024, Trump presentó dos quejas formales mediante el “Formulario 95”, un procedimiento administrativo previo a presentar demandas contra el gobierno. En estas quejas, alega que el Departamento de Justicia violó sus derechos y emprendió una persecución política con motivaciones maliciosas. La segunda reclamación menciona específicamente a figuras como el exfiscal general Merrick Garland, el exdirector del FBI Christopher Wray y el fiscal especial Jack Smith.
El asunto se complica porque los funcionarios encargados de revisar o autorizar cualquier pago —incluyendo al vicesecretario Todd Blanche y al jefe de la división civil Stanley Woodward Jr.— trabajaron anteriormente como abogados de Trump o de sus aliados en casos recientes, lo que expertos legales consideran un claro conflicto de interés. Bennett Gershman, profesor de ética legal, calificó la situación como “básica, obvia e inaceptable”.
Trump reconoció públicamente este dilema al señalar que, siendo presidente, es como si estuviera demandándose a sí mismo. La resolución aún no existe, y aunque el gobierno federal llegara a pagarle, no tendría la obligación de hacer público el acuerdo, según las normas del Departamento de Justicia. Algunos exfuncionarios opinan que el caso debió ser desestimado antes de su presidencia, pero ahora su resolución quedará en manos de sus propios subordinados.
