El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a la Ley General de Salud que prohíben los vapeadores y contemplan penas de uno a ocho años de prisión, además de multas que pueden alcanzar hasta dos mil veces el valor diario de la UMA (226 mil 280 pesos) para quienes incumplan estas disposiciones. La decisión generó críticas de legisladores de oposición, quienes acusaron una criminalización hacia los usuarios de estos dispositivos.
Al presentar el dictamen, Pedro Zenteno, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Salud, aclaró que el proyecto —avalado con 324 votos a favor y 129 en contra— no contempla sanciones para quienes consuman vapeadores. Señaló que la prohibición abarca su producción, comercio, importación, exportación y publicidad, pero insistió en que las penalizaciones se enfocan en quienes busquen adquirir o manejar estos productos con propósitos comerciales, de distribución o de lucro.
La oposición expresó su rechazo. Iraís Reyes, legisladora de Movimiento Ciudadano, calificó la propuesta como la más restrictiva y autoritaria que se haya planteado, señalando que castiga con hasta ocho años de cárcel actividades como adquirir, guardar, transportar o vender vapeadores, mientras mostraba uno de estos dispositivos durante su intervención.
Por parte del PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez, acompañado de integrantes de su bancada que portaban carteles con la frase “La salud no se improvisa, se protege”, acusó al bloque oficialista de buscar encarcelar a personas sorprendidas con vapeadores. Cerca de él, la diputada panista Verónica Pérez Herrera también utilizó uno de estos aparatos.
Desde el PRI, la legisladora Ana Isabel González criticó que las sanciones contempladas superan incluso a las establecidas para delitos de narcomenudeo. Entre pancartas con leyendas como “Morena quiere meter a la cárcel a los jóvenes”, sostuvo que la reforma permite castigar con uno a ocho años de prisión a cualquier persona que compre, consuma, produzca, importe o suministre vapeadores.
¿Qué señala el dictamen?
La reforma a la Ley General de Salud impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum prohíbe toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares: desde adquirirlos, producirlos y almacenarlos, hasta transportarlos con fines comerciales, venderlos o distribuirlos. También bloquea cualquier forma de publicidad o promoción de estos productos en medios impresos, digitales, televisivos, radiofónicos o cualquier plataforma de comunicación.
Además, el proyecto incluye la prohibición de fabricar, distribuir o vender sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, así como el uso ilícito de fentanilo.
