La emboscada contra detectives de la Policía Estatal no fue un ataque aislado ni improvisado. Las investigaciones apuntan a que los siete detenidos formarían parte de una célula criminal traída desde otros estados con la misión específica de ejecutar a los agentes y huir de Ciudad Juárez sin dejar rastro. El saldo fue letal: un policía estatal muerto y dos más heridos, en un ataque directo ocurrido cuando los oficiales cargaban combustible, confiados, en plena avenida López Mateos.
Lo que ha generado mayor indignación es que los agresores no habrían escapado solos. Autoridades revelaron que, tras la balacera, los sicarios intentaron cambiar de vehículo utilizando una camioneta rotulada de una empresa de cable e internet, la cual habría servido como “camuflaje” para burlar a las corporaciones. Incluso, uno de los detenidos —empleado de dicha compañía— habría confesado que recibió dinero para ayudar en la huida, evidenciando una red logística diseñada para sacar a los atacantes de la ciudad y posiblemente del estado.
Durante el operativo se aseguraron armas largas, los vehículos implicados y se confirmó que la mayoría de los detenidos no son originarios de Juárez, lo que refuerza la hipótesis de un grupo criminal foráneo contratado para ejecutar el ataque. Mientras la Fiscalía profundiza en las indagatorias, el caso ha encendido las alarmas al exhibir cómo estructuras delictivas utilizan empresas y civiles como piezas clave para proteger a los sicarios tras un crimen de alto impacto.
