El Congreso del Estado se convirtió en un verdadero campo de batalla político luego de que agricultores, especialistas y legisladores de oposición explotaran contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, acusándola de ser un intento descarado del gobierno por quedarse con el control total del recurso. Entre señalamientos y advertencias, los productores denunciaron que la iniciativa busca arrebatar concesiones “a la mala”, dejando en la incertidumbre a miles de familias que dependen del agua para sobrevivir. El ambiente se tensó al punto de describir la reforma como una amenaza directa al patrimonio rural.
Los participantes del foro no se guardaron nada. Agricultores reclamaron que la Conagua lleva años atorando trámites, pero ahora pretende culparlos a ellos de irregularidades creadas por la misma burocracia. Ejidatarios aseguraron que la reforma les “amarra las manos”, pues les impediría transmitir derechos y rentar sus tierras, golpeando de lleno la economía del campo. La posible creación de un Registro Nacional de Agua sin acceso público encendió aún más las alarmas, interpretándose como un movimiento para operar en la opacidad total.
La tensión escaló cuando especialistas advirtieron que el paquete de transitorios fue diseñado para que la reforma entre en vigor de manera inmediata, sin margen para interpretaciones ni retrasos. Productores acusaron que la iniciativa amenaza la seguridad alimentaria, el valor de las tierras y, sobre todo, la estabilidad del sector agrícola. Al cierre del foro, las voces de inconformidad retumbaban en el recinto, anticipando un conflicto que podría escalar a nivel nacional si la reforma avanza.
