César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, podría recibir una condena de hasta 22 años y seis meses de prisión si la justicia lo declara responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), acusación por la que fue detenido el lunes en la capital del estado.
Según el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, este delito establece penas que van de cinco a 15 años de prisión, además de multas que oscilan entre mil y cinco mil días. No obstante, el artículo 400 Bis 1 señala que estas sanciones se duplican cuando la conducta es cometida por servidores públicos encargados de prevenir, investigar, denunciar o juzgar delitos. Esta agravante también aplica para quienes hayan dejado el cargo y realicen estas conductas dentro de los dos años posteriores, situación que podría alcanzar al exmandatario.
Conductas que constituyen lavado de dinero
La ley contempla dos tipos principales de acciones que configuran este delito. La primera incluye actividades como adquirir, administrar, custodiar, transferir, invertir o mover recursos o bienes cuando se sabe que provienen de actividades ilícitas.
La segunda se refiere a ocultar o intentar ocultar el origen, destino, propiedad o movimiento de dichos recursos con pleno conocimiento de su procedencia ilegal.
Sanciones adicionales
Además de la cárcel, la normativa impone una inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo equivalente a la pena de prisión, la cual comenzará a correr una vez que el acusado haya cumplido su condena.
La Fiscalía General de la República acusa a Duarte de implementar un esquema para esconder dinero desviado del erario estatal a través del Sistema Financiero Mexicano.
Por su parte, la defensa asegura que el caso involucra los mismos 96 millones de pesos ya analizados en Chihuahua dentro de la carpeta 3041, y sostiene que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos impide procesarlo por delitos distintos a los que motivaron su entrega.
Duarte compareció este martes ante la jueza María Jazmín Ambriz López, en el Penal del Altiplano, donde se definirá si existen elementos para iniciarle proceso por lavado de dinero.
El exgobernador fue extraditado desde Estados Unidos en 2020 para enfrentar acusaciones de peculado y asociación delictuosa relacionadas con el presunto desvío de recursos públicos durante su administración entre 2010 y 2016.
