En entrevista con Noticieros Radiza, la abogada Judith Sáenz detalló el caso de Diana, una joven originaria de Chihuahua que quedó inmovilizada tras recibir la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) hace una década, y cuyo proceso legal recientemente concluyó con una resolución favorable para su familia.
Sáenz explicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplicó la vacuna sin obtener el consentimiento informado, a pesar de que la menor no contaba con mayoría de edad, lo que representa una irregularidad confirmada por sentencia judicial. Añadió que la institución tardó nueve años en reconocer que los padecimientos de Diana estaban directamente relacionados con la aplicación del biológico.
“Se comprobó médicamente que la falta de movilidad y el dolor que sufre la joven tienen vínculo con la vacuna. Lo más grave es que nunca se solicitó la autorización de los padres y el diagnóstico se retrasó casi diez años”, expresó la abogada.
Resaltó que el fallo judicial constituye un precedente relevante, no solo por el reconocimiento del daño, sino también por las medidas de no repetición que las autoridades deberán implementar para prevenir casos similares. “No se trata únicamente de obtener una indemnización, sino de buscar una justicia transformadora que garantice que estos errores no vuelvan a ocurrir”, agregó.
Durante la conversación, Sáenz recomendó a las familias que enfrenten consecuencias médicas derivadas de vacunas u otros procedimientos institucionales acudir con especialistas en derecho administrativo, ya que esa es la vía legal para demandar al Estado en casos de responsabilidad médica o institucional.
Asimismo, indicó que aunque su despacho representa únicamente a la familia de Diana, la madre de la joven ha tenido contacto con al menos una docena de familias en Chihuahua que reportan situaciones parecidas.
Finalmente, la abogada subrayó la importancia de que los padres estén debidamente informados antes de autorizar cualquier vacuna o tratamiento médico, y que las instituciones de salud cumplan estrictamente con los protocolos legales de consentimiento. Este caso se suma a otras denuncias en el país relacionadas con reacciones adversas a la vacuna del VPH, reavivando el debate sobre la transparencia en los procedimientos médicos y la obligación del Estado de proteger los derechos de los pacientes.
